El presente documento CONPES formula una política nacional para la inclusión y la educación económica y financiera. Esta política tiene como objetivo integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país. 

El Gobierno nacional, los gobiernos locales y el sector privado han realizado grandes esfuerzos en los últimos años para aumentar la inclusión financiera y para mejorar la educación económica y financiera de personas y empresas. Además, se ha mejorado la infraestructura financiera y digital para llevar estos servicios a la mayor cantidad de colombianos. Sin embargo, aún existen mercados incompletos de crédito para mipymes y personas en los territorios rurales; además, existe información asimétrica entre las entidades bancarias y los posibles usuarios debido en parte a la imposibilidad de visibilizar la trazabilidad de las transacciones. De la misma forma, hay un bajo uso de transferencias y pagos digitales por parte de las personas y las empresas y los costos del sistema de pagos de bajo valor aún pueden reducirse. Por otra parte, los usuarios no cuentan con la educación económica y financiera para tomar las mejores decisiones, lo cual genera desconfianza en el sector financiero. 

Por lo anterior, esta política propone un plan de acción para mejorar la provisión de servicios financieros pertinentes a toda la población, a través de cuatro estrategias, a saber: (i) ampliación y pertinencia de  la oferta de productos y servicios financieros a la medida; (ii) generación de mayores competencias, conocimiento y confianza en el sistema financiero; (iii) fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso y uso de servicios financieros formales y, finalmente, (iv) presentación de una propuesta para una gobernanza institucional que permita mayor articulación en la implementación de las estrategias de educación e inclusión financiera. 

La política será ejecutada en un horizonte de 5 años, con un valor aproximado de 13.681 millones de pesos, y será implementada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras entidades.